Sigue la polémica en la capital del Magdalena con respeto a la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de suspender, por 3 meses, a Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta.

En medio de la incertidumbre, el hermetismo por parte de la Alcaldía y los rumores que se han suscitado frente a este caso, Seguimiento.co consultó a Juan Carlos Novoa Buendía, exprocurador delegado para asuntos disciplinarios durante el periodo del entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien durante el ejercicio de su función estuvo al frente de los casos más polémicos, espinosos y de alto impacto en la opinión pública nacional.

Novoa Buendía conoce a profundidad la situación en la que se encuentra el principal mandatario de Santa Marta, tuvo a su cargo casos como los del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el exsenador Eduardo Merlano; los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, entre otros procesos. Quien mejor que él para ilustrar los camino que pueden optar el alcalde Martínez en su proceso.

El exprocurador delegado centra su análisis en la decisión tomada por el Consejo de Estado en el Caso Petro, el cual sería el camino que debería estar optando el mandatario local y su equipo de abogados para evitar ser suspendido.

“La argumentación del Consejo de Estado para tumbar el fallo de Petro, es que ninguna autoridad administrativa (la Procuraduría) no puede restringir los derechos políticos de ningún funcionario”, afirmó Novoa, es decir, que la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde, Rafael Martínez, perdería su efecto.

Para llevar lo expresado anteriormente al contexto del caso de Martínez, Novoa Buendía le aseguró a este medio digital que “por derecho a la igualdad, en la medida que el Alcalde de Santa Marta fue elegido popularmente y también está siendo restringido de sus derechos políticos por la Procuraduría, en ese orden de ideas sería beneficiado por la decisión tomada por el Consejo de Estado”, afirmó.

El exfuncionario del Ministerio Público además aclaró que, de acuerdo al concepto emitido por la máxima autoridad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, “solamente un juez en condena penal puede restringirle los derechos políticos, es decir, solo un juez en una condena lo puede sacar del puesto, nadie más lo podría tocar”, resaltó.

En ese orden de idea a través de una tutela el alcalde de Santa Marta podría hacer valer sus derechos bajo el concepto emitido por el Consejo de Estado. “Para que un juez entre actuar de inmediato se debe demostrar un perjuicio irremediable y eso lo tiene demostrado el alcalde de Santa Marta, es que es irremediable que si no le suspenden la medida sale del cargo y por consiguiente se violan sus derechos”, afirmó a Seguimiento.co, Novoa Buendía.  

De igual forma Novoa explicó que de optar este camino Martínez, un Juez de La República tomaría la decisión a su favor, “y no estaría prevaricando el juez porque está siguiendo una jurisprudencia de una alta corte en Colombia”, aseguró.

En conclusión, de acuerdo a lo expresado por el entonces funcionario de la Procuraduría General de la Nación, con la decisión tomada por el Consejo de Estado en el Caso de Gustavo Petro, el alcalde de Santa Marta no debería estar suspendido.